Luis Alfonso Herrera, Cecilia Sosa y Blanca Rosa Mármol de León
consideran un error repetir la estrategia del chavismo para someter al
Poder Judicial
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| El Bloque Constitucional prefiere que la AN revoque las designaciones realizadas en 2014 y 2015 |
27 de enero 2016
El aumento del número de
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia fue una controversial
estrategia utilizada por el oficialismo para afianzar su control
hegemónico del Poder Judicial.
Por ello los voceros de las
organizaciones no gubernamentales Un Estado de Derecho y Bloque
Constitucional se oponen a repetir “un artificio” que burla el rigor de
la carta magna para garantizar la autonomía e independencia de los
órganos de administración de justicia.
“Sería
lo mismo que se hizo con el impulso del tristemente célebre Luis
Velásquez Alvaray en 2004, cuando el chavismo aumentó el número de
magistrados de 20 a 32”, advirtió Luis Alfonso Herrera, director de Un
Estado de Derecho.
El golpe de Estado
de abril de 2002 causó un cisma en el oficialismo, pues Luis Miquilena,
otrora mentor del fallecido presidente Hugo Chávez, le retiró su apoyo
al gobierno y pasó a las filas de la oposición. Esa división se
reprodujo en el TSJ y se puso en evidencia en la sentencia que absolvió a
los militares involucrados en el golpe, con una votación cerradísima de
11 votos a favor y 9 en contra. Chávez calificó el fallo como “una
plasta”.
En 2004, el diputado Pedro
Carreño presidía el Comité de Postulaciones Judiciales y, sin pruritos,
dijo: “Vamos a estar claros: nosotros no nos vamos a meter autogoles. En
el grupo de los postulados no hay nadie que vaya a actuar contra
nosotros”.
En el acto de juramentación de los nuevos magistrados, el 14
de diciembre de 2004, el entonces diputado Nicolás Maduro expresó: “¡Son
ustedes la cabeza de la revolución judicial que sustenta el Estado
democrático que apenas estamos construyendo!”.
Y
hay un precedente previo. En marzo de 2000, por decisión de la Comisión
Legislativa que se instaló después de la Asamblea Nacional
Constituyente, se elevó de 15 a 20 el número de magistrados del TSJ. En
esa oportunidad, Miquilena confesó públicamente que los nuevos rectores
del Poder Judicial tenían que ser “afectos al proceso”.
“Actualmente
lo que está planteado es despolitizar al TSJ. Es decir, contar con
verdaderos magistrados: imparciales e independientes del resto de los
poderes públicos e, incluso, de las mayorías que transitoriamente puedan
imponerse en la Asamblea Nacional”, agregó Herrera.
Cecilia
Sosa, coordinadora nacional del Bloque Constitucional, agregó: “El
aumento del número de magistrados va a evidenciar la pretensión de que
el TSJ quede bajo el control de otro bloque de poder, en este caso de la
oposición.
Estaríamos incurriendo en un fraude similar al cometido por
el oficialismo para apoderarse de los tribunales del país”.
La
también magistrada emérita Blanca Rosa Mármol de León ofreció como
solución que la Asamblea Nacional revoque las designaciones realizadas
en 2014 y 2015 sin apego a la Constitución, con fundamento en los
artículos 89 y 90 del Reglamento Interior y de Debates.
Y, además, que
se revisen todas las credenciales de los magistrados para verificar si
cumplen con los requisitos establecidos en la carta magna.
El dato
Transparencia
Venezuela presentó ayer su sitio web Suprema Injusticia
(www.supremainjusticia.org). Mercedes De Freitas, directora de la ONG,
indicó que el propósito es que la ciudadanía pueda incorporarse a la
discusión sobre la idoneidad y las ejecutorias de las máximas
autoridades del Poder Judicial. En ese sentido, los primeros contenidos
del portal son los perfiles políticos de algunos magistrados y ex
magistrados, así como 43 sentencias que niegan derechos fundamentales
http://www.el-nacional.com
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