El director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco destacó que "múltiples autoridades de Naciones Unidas y del sistema interamericano han exigido la inmediata liberación y protección de dirigentes políticos arbitrariamente detenidos como Ceballos".
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| Vivanco lamentó que Ceballos "estará detenido con criminales comunes" (Efe/Shawn Thew) |
EL UNIVERSAL
sábado 23 de mayo
de 2015
Nueva York.- La
organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) protestó
"enérgicamente" por el traslado del exalcalde de San Cristóbal Daniel
Ceballos del penal militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, a una
cárcel civil en San Juan de los Morros, en el estado de Guárico.
"El sorpresivo
traslado se hizo sin orden judicial y sin informarle a sus familiares ni
abogados, y pone en grave e inminente peligro al exalcalde Ceballos, quien se
encuentra arbitrariamente detenido desde hace más de un año", denunció el
director ejecutivo para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco.
En un comunicado,
Vivanco lamentó que en ese lugar Ceballos "estará detenido junto con
criminales comunes, procesados por delitos como homicidio, extorsión, y
violación".
El responsable de
HRW recordó que "las cárceles venezolanas son de las más violentas de
América Latina, son controladas usualmente por mafias y allí año a año mueren
decenas de personas con total impunidad".
Vivanco destacó que
"múltiples autoridades de Naciones Unidas y del sistema interamericano han
exigido la inmediata liberación y protección de dirigentes políticos
arbitrariamente detenidos como Ceballos" y responsabilizó al Gobierno
venezolano de "la vida e integridad física" del exalcalde.
Ceballos, detenido
en marzo de 2014, fue condenado a 12 meses de prisión ya cumplidos, por
desacato a una medida cautelar del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que
obligaba a las autoridades municipales a impedir la colocación de barricadas
durante las protestas de principios de ese año.
Sin embargo, el TSJ
informó que continuaría preso "por la causa judicial que se le sigue por
rebelión y agavillamiento (asociación para delinquir)", relacionada
también con esas jornadas de manifestaciones antigubernamentales.
Los hechos
violentos registrados durante las protestas antigubernamentales entre el 12 de
febrero y el 30 de junio de 2014 ocasionaron la muerte de 43 personas entre
oficialistas, opositores, funcionarios de seguridad y personas sin filiación
política.
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