| EFE |
Globovision
El
juicio que muchos españoles esperaban, el de Cristina de Borbón,
hermana del rey, acusada en uno de los mayores escándalos de corrupción
que indignan a la población, comenzó este lunes en un tribunal de Palma
de Mallorca.
En una sala presidida por el retrato de su
hermano menor, Felipe VI, jefe de Estado desde la abdicación de su
padre en junio de 2014, la infanta presenció junto a otros 17 acusados
la apertura del "juicio del año", con la lectura de los cargos, a las
09H20 (08H20 GMT) en Palma de Mallorca, capital de las islas Baleares.
Había
llegado una hora antes en un vehículo gris oscuro, vestida con
pantalón, chaqueta negra y fular rojo, acompañada por su esposo, Iñaki
Urdangarin, principal acusado en el caso.
Ambos con semblante serio, entraron sin detenerse ante las decenas de periodistas de todo el mundo que les esperaban.
"Este
es un caso de corrupción más de los muchos que estamos viendo" en los
últimos años, decía a la AFP Francisco Solana, un desempleado de 45 años
que manifestaba a las puertas del tribunal con una bandera republicana
anudada sobre los hombros.
"En otros sitios de Europa, yo creo que
la infanta Cristina ya estaría en la cárcel", afirmaba, ilustrando la
indignación de millones de españoles ante la multiplicación de
escándalos de corrupción mientras ellos sufrían las dramáticas
consecuencias de la crisis económica.
"Este juicio tiene morbo,
más que ninguno", reconocía Jesús López, jubilado de 71 años, que logró
acceder a una de las pocas plazas reservadas para el público.
La
segunda hija de Juan Carlos I está acusada de dos delitos fiscales en
relación con la presunta malversación de 6 millones de euros de dinero
público por Urdangarin y un exsocio de éste.
La infanta siempre ha
defendido desconocer estos negocios y haber confiado ciegamente en su
marido, del que se negó a divorciarse pese a la presión de una Casa Real
determinada a limitar los daños en la ya maltrecha imagen de la
monarquía.
Llegada a España para el juicio desde Suiza, donde vive
desde 2013, Cristina, de 50 años, está "dispuesta a asumir su presencia
con tranquilidad", había asegurado su abogado, Miquel Roca.
- 'La
Casa Real era informada' -Urdangarin, de 47 años, exmedallista olímpico
de balonmano, y su exsocio Diego Torres están acusados de inflar
contratos firmados entre 2004 y 2006 por una entidad sin ánimo de lucro
que dirigían, el Instituto Nóos, con los gobiernos regionales de
Baleares y Valencia.
Después, esos beneficios eran supuestamente
desviados a varias empresas pantallas encabezadas por Aizoon, propiedad
de Cristina y su esposo.
Urdangarin será juzgado por
prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de
influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide
para él 19,5 años de cárcel y 16,5 para Torres.
Este último
siempre ha defendido que Juan Carlos I estaba al corriente de los
negocios de Nóos y durante la instrucción aportó cientos de correos
electrónicos destinados a demostrarlo.
"La Casa Real era
informada, lo conocía, lo supervisaba y en ocasiones hasta colaboraba",
volvió a afirmar el domingo por la noche en una entrevista al canal
privado de televisión La Sexta.
El juez instructor intentó
demostrar que la infanta participaba de los negocios de su marido, pero
el fiscal se opuso, asegurando no ver indicios de delito, y sólo le
permitió procesarla por fraude fiscal. Un cargo que la fiscalía y la
Hacienda pública ni siquiera secundaron: la infanta está únicamente
denunciada por una acusación popular, la asociación ultraderechista
Manos Limpias.
Ahí radica su esperanza de escapar al juicio.
Roca
pedirá que se le aplique la conocida como 'doctrina Botín' que en 2007
evitó al poderoso banquero Emilio Botín -difunto presidente del
Santander-, ser juzgado en un escándalo financiero al ser únicamente
denunciado por una acusación popular.
"Sería otro escándalo
mayúsculo, porque hablaríamos de una sentencia dictada a la carta para
que no se sentara en el banquillo el mayor y más importante financiero
de España y Europa, y ahora sería para que no se sentara en el banquillo
un miembro de la familia real", defendió Miguel Bernad Remón,
responsable de Manos Limpias.
acc/pmr.zm
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