NACIONALES
JUEVES 26 DE ABRIL DE 2012
Cuando se bajaba del vehículo que lo trasladaba, el presunto narcotraficante fue interceptado por reporteros de Venezolana de Televisión, Telesur, Radio Nacional y Venevisión, quienes se encontraban en un área cercana a los calabozos del Palacio de Justicia, en la que desde hace mucho tiempo no se permite la presencia de los medios de comunicación.
Curiosamente el jefe de Prensa del Ministerio de Relaciones Interiores, Jorge Galindo, había anunciado que Makled iba a ofrecer declaraciones.
Algunas horas después, cuando ya se había iniciado la audiencia de este miércoles, en un receso, varios periodistas lograron acercarse al acusado cuando caminaba por uno de los pasillos. Allí aseguró que Aponte cobraba el dinero a través de un testaferro, cuya identidad no quiso revelar.
No precisó desde cuándo le pagaba al exmagistrado, pero afirmó haber emitido “muchos cheques”.
Supuestamente el exjuez del Tribunal Supremo de Justicia recibía esta remuneración por ser uno de los accionistas de la línea Aeropostal, la cual había sido adquirida por la familia Makled.
Sin embargo, en el acta de accionistas de la línea aérea no aparece el nombre de Aponte. Makled lo justificó diciendo que, por tratarse de un funcionario público, no podía aparecer vinculado con una empresa privada.
No está previsto que el exmagistrado rinda declaración en el juicio. Su testimonio no fue promovido por la Fiscalía ni por los abogados defensores, y su nombre no fue mencionado en ninguna fase de la investigación.
Makled aún no ha declarado en las audiencias. Aseveró que lo hará en “su debido momento”. La conversación en el pasillo no se extendió mucho tiempo porque un alguacil se acercó y le indicó al acusado que no podía hablar con los periodistas. Trascendió que los funcionarios que permitieron la declaración en los sótanos de Palacio de Justicia serán sancionados.
Aponte, quien fue destituido del TSJ por su supuesto vínculo con Makled, huyó del país. La semana pasada declaró desde Estados Unidos sobre casos de manipulación de la justicia venezolana y supuestos vínculos del Ejecutivo con el narcotráfico.
En una nota de prensa, el dirigente opositor Diego Arria aseveró que las declaraciones de Aponte ratifican que el Poder Judicial venezolano “es un instrumento subalterno, un brazo ejecutor incondicional”, del presidente Hugo Chávez “y su proyecto político”.
Sostuvo que demuestran que en el país se persigue a miembros o representantes de la población civil opuestos al gobierno y ponen en evidencia que el gobierno y la Fuerza Armada “están involucrados de lleno en el tráfico ilícito de drogas”.
Sexto día
Este miércoles se llevó a cabo el sexto día de audiencia, en la cual ofreció declaración el capitán de la Guardia Nacional Irwin Gómez, quien fue uno de los efectivos que actuaron durante el allanamiento a la finca El Rosario, practicado el 13 de noviembre de 2008.
El funcionario no reconoció como suya la firma que aparece en el acta que se levantó del operativo llevado a cabo ese día, lo que originó un corto debate entre las partes. Sin embargo, aseveró que sí estuvo presente en el registro, por lo que el juez le permitió ofrecer su testimonio, el cual se caracterizó por la precisión en los detalles.
Si bien no realizó ninguna experticia, y su labor se limitó a resguardar el lugar y las evidencias encontradas, afirmó que sí prestó colaboración para que se practicaran las pruebas a la droga que se halló en una vivienda de la hacienda. Indicó que también estuvo en el helicóptero que trasladó la sustancia al comando de la Guardia Nacional, ubicado en el aeropuerto Arturo Michelena.
Caso Anderson
La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, dijo que hay que investigar los casos que llevaba Aponte, porque con seguridad se descubriría a los autores intelectuales de muchos delitos. Puso como ejemplo el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. Eekhout apuntó que probablemente se escogieron “chivos expiatorios” -como los hermanos Guevara-, para ocultar a otros responsables.
Hallazgo monetario
Durante la audiencia contra Makled, Jéssica Pagés, experta en documentología del Cicpc, señaló haber analizado billetes y monedas encontrados en las propiedades de los Makled. De acuerdo con la versión de la funcionaria, en total se pudo verificar la existencia de aproximadamente Bs 28 mil; siete mil euros, cinco mil dólares y 60 mil pesos colombianos. También había cerca de 4 mil 500 dólares falsos.
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